Grupos de empresas, inversores y, por supuesto, el Banco Mundial llevan tiempo exigiendo a gobiernos y corporaciones de todo el mundo que apoyen la estrategia de poner en valor el carbono, desde un punto de vista económico, como medio tanto para disminuir las emisiones como para fomentar las inversiones en opciones y tecnologías más limpias.
Existen varias vías por las que los gobiernos pueden «poner precio» al carbono, todas ellas con resultados similares.
Se empieza recopilando información sobre lo que se conoce como los costes externos de las emisiones de carbono (costes que las personas pagamos de otras formas como daños a las cosechas, costes sanitarios por problemas de salud relacionados con olas de calor o sequías, o por daños en las propiedades en caso de inundaciones o por el aumento del nivel del mar) y posteriormente se asocian a sus fuentes mediante un precio en el carbono.
Fundamentos del precio del carbono
Sin entrar en grandes explicaciones, tenemos dos formas básicas de hacerlo:
- Con un impuesto al carbono, que se incluye en los combustibles fósiles y que es proporcional a su contenido en carbono (lo más habitual) o directamente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en función de su cuantía.
- Poniendo un límite máximo de emisiones de forma que quien emita más tenga que pagar por emitir y los que emitan menos puedan vender ese margen que les sobra de emisiones a los más contaminantes. En esto se basa (de forma muy simplificada) el comercio de derechos de emisión.
Aunque en Europa hace años que funcionan existen ambas posibilidades, no es así en otras partes del mundo, donde o ni siquiera se plantea o está en etapas muy iniciales.
Distribución mundial de estrategias para poner precio al carbono
Aproximadamente se cubre con estos sistemas únicamente el 12% de las emisiones mundiales. No sólo es una cantidad bastante pequeña sino que en Europa el precio del carbono es tan bajo y el máximo total de créditos de carbono a la venta tan alto, que el sistema en sí no anima a que las empresas se esfuercen por ser ambientalmente más sostenibles o inviertan en innovación y estrategia ambiental y/o climática.
¿En qué beneficiaría una mejor estrategia a la hora de dar valor a los costes ambientales?
Los precios que pagamos actualmente al comprar bienes o servicios normalmente no incluyen el coste ambiental de producirlo, distribuirlo o consumirlo por lo que ponerle precio adecuado al carbono ayudaría a que se tuviera constancia de cómo nuestro consumo, y en general cualquier actividad económica, afecta al medio ambiente.
Por ello, es lógico pensar que tendríamos una mayor innovación en tecnologías bajas en carbono y se crearían nuevos empleos e inversiones además de conseguir una reducción real de las emisiones. Incluso permitiría bajar impuestos a las personas con menores ingresos. Un ejemplo de ello lo tenemos en la provincia canadiense British Columbia que puede presumir de tener los menores impuestos de todo el país tanto para los ciudadanos como para las empresas y que se lo permite gracias a los ingresos que tienen directamente de los impuestos por el carbono.
Si además tenemos en cuenta que ya se nos ha advertido que los costes de adaptarnos al cambio climático serán entre 70 y 100 mil millones de dólares anuales en 2050, no parece que sea mala idea reenfocar lo que estamos haciendo.